¿Cómo conocer el origen de los productos de consumo puede impactar la cadena productiva?
Más que la responsabilidad de las empresas
Con la Sentencia T-354 del 29 de octubre de 2026, la Corte Constitucional reconoció que una organización ambiental puede pedirle a una empresa privada información sobre su impacto ambiental y exigir una respuesta de fondo.
Si quieres saber cómo llegamos hasta aquí, puedes leer la historia completa aquí. En esta página queremos explicar por qué el derecho a preguntar es uno de los puntos de intervención más potentes que conocemos.
Los marcos detrás de nuestro trabajo
En Shambala trabajamos con dos marcos que nos ayudan a decidir dónde poner la energía.
La escala de puntos de intervención de Donella Meadows
En Leverage Points: Places to Intervene in a System (1999), Meadows ordena los lugares desde donde se puede cambiar un sistema, de menor a mayor efecto. Abajo están los parámetros y las cifras: subir un impuesto, ajustar una meta. Más arriba aparecen los flujos de información, las reglas, la capacidad de reorganizarse, los objetivos y, en la cima, los paradigmas desde los que el sistema se piensa a sí mismo. Mientras más alto el punto, más difícil moverlo y más profundo el cambio.
El árbol de problemas que conocimos mediante Ashoka
Separa las consecuencias visibles (la copa), el gran problema (el tronco) y las causas profundas (las raíces).
El problema visto como sistema
Las empresas son un eje del sistema productivo. Durante décadas las tratamos como el motor del desarrollo, porque producen lo que necesitamos para vivir, y por eso sus intereses se mantienen entre los más protegidos.
Esa posición viene con una ventaja estructural: saben de sí mismas mucho más que cualquiera. Una cadena de comida rápida sabe a quién le compra la carne, cuánta compra y de dónde viene. La ciudadanía, que paga por esa carne y vive con sus consecuencias, no lo sabe.
Arcos Dorados, que opera McDonald's en América Latina y es una de las empresas del caso, reporta que el 96% de su huella de carbono está en su cadena de suministro. Es decir, justo en la parte de su operación que nadie de afuera puede ver.
Esa asimetría de información sostiene una asimetría de poder entre la sociedad civil y el sector empresarial. No hay duda de que la capacidad de la ciudadanía de vigilar al sector privado y sus impactos ambientales es fundamental para que las empresas reduzcan sus impactos lo máximo posible.
¿Dónde interviene el caso?
La estructura de los flujos de información
Meadows insiste en que muchos sistemas fallan porque la información no llega a quien podría actuar con ella. Hoy los datos sobre el origen de la carne circulan dentro de la empresa y, a veces, hacia la autoridad. Si la ciudadanía puede pedirlos, el flujo cambia de dirección y llega a quien paga las consecuencias. Lo mismo aplica a cualquier cadena de valor con altos impactos ambientales.
Las reglas del sistema
Pasar de “la empresa responde si quiere” a “la ciudadanía tiene un derecho” es cambiar una regla, no un parámetro. Y es una regla que no depende de la buena voluntad de cada compañía. Con la Sentencia T-354 esa regla ya existe: cualquier solicitud que busque proteger el ambiente se puede exigir a quien la reciba, sea una entidad pública o una empresa, salvo que afecte de manera desproporcionada los derechos de otros.
La distribución del poder
Cuando una organización ambiental puede preguntar con respaldo legal, la relación con el sector privado deja de ser una petición de favor. Las empresas tienen motivaciones distintas a las de la ciudadanía que fundamentalmente se relacionan con su ánimo de lucro; no se trata de juzgarlas por eso, sino de que la ciudadanía tenga con qué equilibrar la balanza. La Corte lo dijo a su manera: lo que vuelve de interés público una información no es que quien pregunte sea periodista, sino lo que se pregunta.
Los bucles de retroalimentación
Este es quizás el efecto menos visible y el más importante. Que existan mecanismos concretos para acceder a la información hace que más personas se interesen por ella. Lo desarrollamos más abajo.
Hay un quinto nivel, el más alto, que es el de los paradigmas. Le dedicamos su propia sección más abajo.
El caso interviene en los niveles altos de la escala, donde el cambio es más profundo
La distribución del poder
Cuando una organización ambiental puede preguntar con respaldo legal, la relación con el sector privado deja de ser una petición de favor. Las empresas tienen motivaciones distintas a las de la ciudadanía que fundamentalmente se relacionan con su ánimo de lucro; no se trata de juzgarlas por eso, sino de que la ciudadanía tenga con qué equilibrar la balanza. La Corte lo dijo a su manera: lo que vuelve de interés público una información no es que quien pregunte sea periodista, sino lo que se pregunta.
¿Quién hace qué con la información?
Los consumidores
Que cambian sus hábitos y mueven a otros con el voz a voz.
Quienes regulan
Que pueden diseñar normas más precisas para el problema concreto, en lugar de reglas genéricas.
Los innovadores
Que encuentran ahí una oportunidad: una solución al problema o un producto que no lo tiene.
Hay dos ejemplos que lo muestran bien
Volkswagen (2013–2015)
En 2013, el International Council on Clean Transportation, una organización sin ánimo de lucro, encargó junto con la Universidad de West Virginia pruebas en carretera a carros diésel. Dos modelos de Volkswagen superaron entre 15 y 40 veces los límites de óxidos de nitrógeno. Los resultados llegaron a los reguladores de California y de Estados Unidos en 2014, y en septiembre de 2015 se hizo público que Volkswagen usaba un software para engañar las pruebas en cerca de 11 millones de carros (Transport & Environment). La información no la produjo la empresa ni el Estado: la produjo la sociedad civil.
Toxics Release Inventory (Estados Unidos, 1986)
El segundo es más antiguo y más cercano a nuestro caso. En 1986 Estados Unidos creó el Toxics Release Inventory, que obliga a las industrias a reportar sus emisiones de sustancias tóxicas y las hace públicas. Cuando salieron los primeros datos, en 1989, las acciones de las empresas que reportaban cayeron (Hamilton, 1995). Entre 1989 y comienzos de los 2000 esas emisiones bajaron 43% mientras la actividad industrial crecía 28%, y la autoridad ambiental atribuyó parte de esa caída a la publicación misma de los datos (Oberholzer-Gee y Mitsunari, 2003). La relación causal exacta sigue en discusión, pero el patrón es claro: obligar a mostrar cambió lo que se hacía.
El primer efecto del fallo puede ser rápido: llega de inmediato a las empresas y a las organizaciones de la sociedad civil, y les entrega un mecanismo que pueden usar al día siguiente. Los efectos más profundos toman más tiempo, como explicamos más abajo.
Los dos bucles
Que existan legislación y mecanismos concretos para acceder a la información ambiental hace que más personas se interesen por esa información. Ese interés se traduce en más preguntas, más información pública y mejores decisiones, que a su vez presionan por más transparencia. Es un bucle que se refuerza a sí mismo y que inclina la balanza a favor de que la ciudadanía exija sus derechos ante las empresas.
Cada pregunta respondida hace más probable la siguiente
Del otro lado opera un bucle que lo frena. Mientras más preguntas reciben, más riesgo perciben las empresas, y la respuesta por defecto ha sido el secreto empresarial y, en algunos casos, el litigio. Ese secreto reduce lo que se sabe y le quita fuerza al primer bucle. El caso intervino en los dos. Creó un mecanismo de acceso y le puso un límite al secreto: la Corte dijo que ni los volúmenes de venta ni la identidad de los proveedores son, en principio, secreto empresarial para un sector como la producción de carne de res. El freno, sin embargo, encontró otras vías, como explicamos más abajo.
¿Cómo responde el sistema?
Un lector formado en pensamiento sistémico hará varias preguntas antes de aceptar que una intervención funciona. Las respondemos aquí.
¿Por qué preguntarle a quien compra?
La cadena de la carne tiene miles de fincas, intermediarios y frigoríficos. Vigilarlos uno por uno es casi imposible. Pero esa red se concentra en pocos compradores grandes: Arcos Dorados, por ejemplo, reporta 205 proveedores de alimentos para todas sus operaciones en América Latina y el Caribe.
Esos compradores son nodos desde los que se mueve todo lo que está detrás de ellos. Preguntarle a quien compra es intervenir en el punto donde la red se estrecha. Si una cadena de restaurantes tiene que mostrar de dónde viene su carne, esa exigencia viaja hacia atrás por toda su cadena de suministro. Creemos que esta lógica no se limita a la trazabilidad de la carne ni a los sistemas alimentarios: se puede extender a otras industrias, como la textil o la tecnológica.
La red se estrecha en quien compra: preguntar ahí mueve toda la cadena
El sistema empuja de vuelta
Meadows advierte que los sistemas resisten las intervenciones, y sería ingenuo pensar que este caso es la excepción. Hay respuestas previsibles. Las empresas pueden divulgar de forma estratégica, mostrando lo que les conviene y callando lo demás. Pueden cumplir la letra de una obligación sin cambiar lo que hacen. O pueden empezar a registrar menos, para tener menos que mostrar.
El fallo ya dejó ver una de esas resistencias. La Corte no obligó a las empresas a revelar los nombres de sus proveedores, porque divulgar sus datos requiere su autorización. Es una razón legítima, pero en términos sistémicos funciona como un nuevo freno: la identidad de quienes están detrás de la cadena sigue quedando dentro de la empresa. La Corte sí ordenó explicar de dónde viene la carne y en qué proporciones, lo que permite rastrear territorios aunque no nombres.
Hay un riesgo más delicado. Si la presión por trazabilidad baja por la cadena sin acompañamiento, el costo puede terminar en el eslabón más débil: los pequeños ganaderos. Un comprador grande puede preferir sacarlos de su lista antes que ayudarlos a cumplir. La transparencia que buscamos tiene que servir para transformar la ganadería, no para expulsar a quienes viven de ella.
Ritmos distintos
No todos los efectos llegan al mismo tiempo. El primero es inmediato. Los demás tardan: que las empresas cambien a quién le compran, que se escriban nuevas normas o que cambie la manera en que una sociedad piensa sobre su consumo puede tomar años. Por eso este trabajo se mide en años, no en titulares.
¿Cómo sabremos si funcionó?
Proponemos seguir unos pocos indicadores en el tiempo:
- Cuántas peticiones de información ambiental presentan organizaciones y ciudadanos a empresas privadas.
- Qué proporción recibe una respuesta de fondo, y cuántas se niegan invocando el secreto empresarial.
- Cuántas empresas del sector publican por iniciativa propia información sobre el origen de lo que compran.
- Si aparecen normas o lineamientos que desarrollen el artículo 6.12 del Acuerdo de Escazú, que obliga al Estado a promover el acceso a la información ambiental en manos de privados.
¿Hacia dónde apunta?
Detrás del caso hay una imagen de sociedad. Una en la que las empresas, ese eje del sistema productivo, son transparentes sobre sus procesos, y sobre todo sobre sus impactos ecológicos. Una en la que todos los actores muestran lo que hacen y también lo que todavía tienen que mejorar.
En esa sociedad, consumidores y gobiernos pueden premiar con sus decisiones a las empresas que demuestren procesos más regenerativos. Los primeros, con lo que compran. Los segundos, con la regulación.
Existen metodologías estandarizadas para medir el impacto ambiental de una empresa, como el GHG Protocol para emisiones o los estándares GRI para reportes de sostenibilidad. Con ellas, las organizaciones ambientales pueden calificar a las empresas con criterios comparables.
Y podemos ir más lejos. Con esas mediciones, organizaciones y autoridades ambientales podrían fijar juntas límites cuantitativos concretos a lo que una empresa puede contaminar o extraer, en proporción a los servicios que le presta a la sociedad. La idea ya existe dentro de las propias empresas: Arcos Dorados mide su desempeño climático en toneladas de CO₂ por tonelada de alimentos y empaques que compra. La diferencia es quién fija el límite y quién puede verificarlo. En esa dirección va también el Programa Nacional de Cupos Transables de Emisiones, reglamentado en agosto de 2026 con el Decreto 969, que empezará a operar en 2027 y fijará un tope a las emisiones de los sectores que regule.
El punto más alto: los paradigmas
Este caso pone sobre la mesa una pregunta de fondo para las sociedades modernas: ¿qué debe pesar más, el cuidado del ambiente o la productividad y la libre empresa? Cuando una empresa responde que el origen de su carne es un secreto comercial, está defendiendo una respuesta a esa pregunta. Cuando un juez decide si ese secreto vale más que el derecho a saber, también. En la T-354, la Corte respondió que las empresas deben dar una respuesta de fondo cuando se les pide información sobre sus impactos ambientales.
Ahí el caso toca el nivel más alto de la escala de Meadows: las visiones del mundo, los paradigmas y los sistemas de valores. Más allá de las herramientas prácticas y de los cambios en las relaciones de poder, lo que se discute es si estamos dispuestos a pasar de una sostenibilidad débil a una fuerte.
La diferencia es concreta.
Sostenibilidad débil
Acepta que el capital natural se puede cambiar por capital producido: perder un bosque es tolerable si a cambio hay más bienes y servicios.
Sostenibilidad fuerte
Sostiene que hay límites que no se negocian, como los límites planetarios que la ciencia ya identificó (Rockström et al., 2009), y que no se pueden cruzar sin importar qué tan conveniente puede ser para ciertos modelos de desarrollo.
Ese tránsito no ocurre de un día para otro. Por eso hablamos de transiciones, en plural, y escalonadas. Lo que sí podemos hacer es abrir las condiciones para que ocurra: las conversaciones, los cambios legislativos y la capacidad de la ciudadanía para exigir. Un caso como este hace las tres cosas a la vez.
Lo que la información no resuelve sola
Archon Fung, Mary Graham y David Weil estudiaron décadas de políticas de transparencia en Full Disclosure (2007). Su conclusión es incómoda y útil: la transparencia solo cambia conductas cuando la información entra en las decisiones que la gente ya toma. Un dato publicado que nadie entiende, que llega tarde o que no se puede comparar no mueve nada.
Por eso el caso es una pieza y no el todo. Para que el bucle de la exigencia ciudadana funcione, alguien tiene que traducir la información, ponerla en conversación y convertirla en decisiones. Ese es el trabajo que hacemos en Shambala con la comunidad, el podcast y los espacios de formación, y es lo que nuestra teoría de cambio llama orientar a los líderes ambientales. Pensando en eso preparamos una guía jurídica del fallo, con una guía práctica para que otras organizaciones usen esta sentencia.
Una invitación
No queremos que este caso se quede en una decisión práctica sobre qué deben responder dos cadenas de hamburguesas. Queremos que sirva para pensar qué tendría que cambiar en la política pública, en los sistemas de valores, en las preferencias de consumo y en la forma de actuar de las empresas si de verdad queremos un sistema productivo y cultural que atienda a las necesidades de las generaciones futuras.
Este camino empezó con Ecos de Regeneración, un proyecto que fue posible gracias al apoyo del Pulitzer Center. Gracias por creer en esta pregunta desde el principio.
Fuentes
- Corte Constitucional de Colombia (2026). Sentencia T-354 de 2026. M. P. Juan Carlos Cortés González.
- Meadows, D. (1999). Leverage Points: Places to Intervene in a System. Sustainability Institute.
- Ashoka Systems Change Masterclass 1.0 (Andreoni, Fenech, Freeman, Mühlenbein, Rahman, Roth, Rutsch, Sergi y Shirobokova), licencia CC BY-SA 4.0, basada en el Ashoka Globalizer Toolkit.
- Fung, A., Graham, M. y Weil, D. (2007). Full Disclosure: The Perils and Promise of Transparency. Cambridge University Press.
- Hamilton, J. T. (1995). Pollution as News: Media and Stock Market Reactions to the Toxics Release Inventory Data. Journal of Environmental Economics and Management, 28(1), 98–113. Ficha
- Oberholzer-Gee, F. y Mitsunari, M. (2003). Information Regulation: Do the Victims of Externalities Pay Attention? Documento de trabajo.
- Rockström, J. et al. (2009). A safe operating space for humanity. Nature, 461, 472–475.
- Transport & Environment (2015). VW caught cheating emissions tests by US regulators after ICCT tip-off.
- Arcos Dorados (2026). 2025 Social Impact and Sustainable Development Report.
