La Corte Constitucional reconoce que las organizaciones ambientales pueden pedirles información ambiental a las empresas
Una pregunta sencilla
Todo empezó con una pregunta que parece de niños: ¿de dónde viene la carne que nos comemos?
En 2025, con apoyo del Pulitzer Center, en Shambala estábamos haciendo Ecos de Regeneración, un proyecto para entender la relación entre la ganadería y la deforestación en Colombia y contársela a la gente. Hablamos con ganaderos, periodistas, investigadores, congresistas y organizaciones ambientales. Como parte de nuestra investigación nos hicimos una pregunta: ¿puede una organización ambiental pedirle a una empresa privada información sobre su impacto ambiental? ¿O ese derecho es solo de la prensa?
Nos hizo clic de inmediato. En Shambala creemos que uno de los puntos con más capacidad de cambiar las cosas es justamente ese: que la ciudadanía y las organizaciones ambientales puedan preguntarle al sector privado y recibir respuestas. Puedes leer nuestro análisis del acceso a la información como punto de intervención aquí.
Los derechos de petición
Decidimos probarlo. Entre septiembre y diciembre de 2025 enviamos derechos de petición a tres cadenas de hamburguesas: Arcos Dorados, que opera McDonald’s en Colombia; Industria de Restaurantes Casuales, dueña de El Corral; y Comidas Varpel, de Home Burgers.
Las preguntas eran casi iguales para las tres.
- Qué productos cárnicos venden y en qué cantidad.
- Quiénes son sus proveedores y de dónde viene la carne.
- Qué políticas de sostenibilidad tienen, cómo vigilan el origen de lo que compran y qué les cuentan a sus clientes sobre todo esto.
Y eso importa más de lo que parece.
En su reporte de sostenibilidad de 2025, Arcos Dorados informa que el 96% de su huella de carbono está en su cadena de suministro, no en sus restaurantes. Si uno quiere entender el impacto climático de una cadena de comida rápida, tiene que mirar a quién le compra.
La Corte Constitucional eligió nuestro caso
El 30 de junio de 2026, la Sala de Selección Número Seis de la Corte escogió los casos de Arcos Dorados y Home Burgers para revisarlos juntos. Según la propia sentencia, lo hizo por la necesidad de pronunciarse sobre una línea jurisprudencial.
Los dos casos que revisó la Corte terminaron con la orden de responder de fondo
Ver la historia moverse
Durante mucho tiempo, la estructura social, cultural y política ha tratado a las empresas como el motor del desarrollo. Nos dan los bienes y servicios que necesitamos para vivir, y por eso sus intereses han sido los más protegidos.
Pero los paradigmas deben cambiar, y están cambiando. Hoy el sistema productivo se apoya en extraer de la tierra más de lo que ella puede reponer, y funciona de forma lineal: sus residuos, los físicos y los gases de efecto invernadero, ya no alcanzan a ser absorbidos a través de sus ciclos naturales. Compromete la posibilidad de que las próximas generaciones cubran sus necesidades básicas. Y nos dejó, de paso, una forma de ver el mundo mecánica, desconectada de los ciclos de la tierra, individualista y bastante infeliz.
Un caso como este busca mover esa balanza, aunque sea un poco. Si las organizaciones que trabajan por cambiar ese paradigma pueden preguntar y recibir respuestas, ganan visibilidad, poder e información. Si quieres entender con más calma por qué este es un punto de intervención tan importante, puedes leerlo aquí.
Lo que decidió la Corte
En concreto, la Corte revocó el fallo que nos había negado la tutela contra Home Burgers, confirmó el que la había concedido contra Arcos Dorados y les ordenó a las dos empresas responder de fondo, en un plazo de diez días, las preguntas que habían dejado sin contestar.
Lo más importante es la regla que deja. La Corte reconoció que una organización ambiental puede pedirle a una empresa privada información sobre su impacto ambiental y que la empresa debe darle una respuesta congruente, completa y de fondo.
El fallo deja otros avances importantes
Dejó claro que lo que importa al pedir información ambiental no es quién la pide, sino el contenido de la información y su relación con el ambiente.
Dijo que ni los volúmenes de venta ni la identidad de los proveedores son, en principio, un secreto empresarial para un sector como la producción de carne de res, que era el argumento con el que se habían defendido las empresas.
Estableció que importar la carne no exime a una empresa de explicar de dónde viene. El derecho a saber acompaña al producto aunque su cadena de suministro esté en otro país.
Recordó que los animales son seres sintientes y hacen parte del ambiente, y que las empresas también deben responder a las peticiones que buscan evitar el maltrato animal.
Puedes leer el análisis completo del fallo en la guía jurídica.
Aclaraciones del fallo
La Corte también dejó dos precisiones importantes sobre el alcance de la decisión.
La Corte no obligó a las empresas a revelar los nombres de sus proveedores. Consideró que divulgar sus datos requiere su autorización y que un nombre, por sí solo, no muestra si la carne viene de una zona deforestada. Lo que sí les ordenó fue explicar de dónde viene la carne y en qué proporciones, sin identificar a quién se la compran.
Tampoco aceptó que el Acuerdo de Escazú obligue por sí solo a las empresas. Lo usó como guía para interpretar el derecho de petición, no como fuente directa de obligaciones.
Lo que sigue
Si quieres ir más allá de la historia:
¿Por qué importa?
¿Por qué el acceso a la información ambiental es uno de los puntos de intervención con más potencial para transformar nuestro sistema productivo?
Guía jurídica
Una explicación jurídica del fallo y una guía práctica para organizaciones y líderes ambientales que quieran pedirle información a una empresa y usar esta sentencia a su favor.
Este camino empezó con Ecos de Regeneración, un proyecto que fue posible gracias al apoyo del Pulitzer Center. Gracias por creer en esta pregunta desde el principio.
