Sentencia T-354 de 2026: Interpretación jurídica
Esta página tiene dos partes. La primera interpreta el fallo: qué decidió la Corte, qué reiteró de fallos anteriores, qué es nuevo y qué se puede argumentar a partir de ahí. Está pensada para organizaciones y abogados que quieran usarlo en sus propios casos. La segunda resume la guía práctica, paso a paso, para pedirle información ambiental a cualquier empresa. La guía completa y el modelo de derecho de petición se pueden descargar.
Usamos como ejemplo el caso de la carne, porque es el que conocemos de primera mano, pero casi todo sirve para otros sectores. Puedes consultar la historia completa del caso aquí y ver por qué puede transformar el sistema productivo aquí.
Descarga la guía completa y el modelo de petición
Interpretación jurídica del fallo
En cinco líneas
- La tutela protege la petición de una organización ambiental
Una organización ambiental puede solicitar a una empresa privada una respuesta de fondo a una petición de información ambiental, y la tutela es el mecanismo idóneo para la protección de este derecho.
- Lo ambiental está en el contenido
De acuerdo con el Acuerdo de Escazú, lo que define si una información es ambiental es su contenido y su relación con el ambiente, no quién la pide ni a qué se dedica la empresa.
- Los datos de terceros tienen protección
Los datos que identifican a terceros (como proveedores) sí están protegidos por el hábeas data y, en caso de que se solicite su difusión, debe contar con su aprobación.
- La logística también cuenta
Información relativa a factores logísticos que incidan sobre la comercialización (como el transporte) es un elemento susceptible de ser solicitado al momento de indagar sobre la huella de carbono de una empresa.
- Importar no exime de responder
Importar un producto de alto impacto ambiental, como la carne de res, o venderlo como parte de un producto compuesto, no exime a la empresa de responder de fondo.
El caso y el alcance de la sentencia
La Sentencia T-354 de 2026 fue proferida el 29 de octubre de 2026 por la Sala Cuarta de Revisión, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González. Revisó dos tutelas de Shambala Comunidad Ambiental contra Comidas Varpel S.A.S. (Home Burgers) y Arcos Dorados Colombia S.A.S. (McDonald’s), que no habían respondido de fondo a las peticiones sobre el origen y la trazabilidad de la carne de res que venden.
- Fecha
- 29 de octubre de 2026
- Sala
- Sala Cuarta de Revisión
- Magistrado ponente
- Juan Carlos Cortés González
- Expedientes
- T-12.075.650 y T-12.104.901
El examen en tres pasos que propone la Corte para cualquier solicitud de información ambiental
Lo que se discutió en la sentencia
Estas son las reglas en las que se apoya la decisión. Son las que se pueden citar con más fuerza.
Legitimación amplia para solicitar información ambiental
La Corte ha reconocido un criterio amplio de legitimidad para la solicitud de información ambiental a privados y, en ese sentido, ha determinado “… la naturaleza de la información no se modifica ni cambia la conclusión jurisprudencia porque el sujeto que presentó (…) la petición (…) fuera un periodista, pues ello incide en el trámite preferencial de la misma, pero no altera la condición de interés público que corresponde a lo solicitado”.
La organización ambiental está legitimada
La Corte reconoció que Shambala podía presentar la tutela porque la información pedida «se relaciona directamente con asuntos ambientales que se inscriben dentro de su objeto» (párrafo 22). No le exigió ser periodista ni demostrar un interés particular.
La posición privilegiada de la empresa frente al acceso a la información ambiental
Para la Corte, la relación directa y necesaria de una empresa con una determinada cadena de suministro y su acceso a información ambiental sobre “proveedores, mecanismos de abastecimiento, criterios de selección, prácticas de sostenibilidad y sistemas de trazabilidad” legitiman la posibilidad de solicitar a una empresa el acceso a información ambiental (párrafos 30-32).
El examen en tres pasos
Para cualquier solicitud de información ambiental, la Corte propone revisar tres cosas. Primero, si quien la recibe es un sujeto obligado por la Ley 1712 de 2014, de transparencia; si no lo es, se aplica el derecho de petición ante particulares de la Ley 1755 de 2015. Segundo, si la información busca proteger un derecho fundamental, como el ambiente sano (párrafo 82). Tercero, que entregarla no vulnere derechos de terceros.
¿Cómo se define la información ambiental?
La Corte toma la definición del Acuerdo de Escazú, información «relativa al medio ambiente y sus elementos y a los recursos naturales» (párrafo 69), y fija un criterio práctico: «se atenderá a su contenido y a su relación con el ambiente, sus elementos, los recursos naturales, los riesgos o impactos ambientales o las medidas dirigidas a su protección y gestión» (párrafo 82).
El secreto empresarial tiene requisitos
La Corte ha reconocido que la información relacionada con el volumen y porcentajes de ventas de productos propios o tercerizados (párrafo 91), así como la identificación de proveedores, no puede definirse por sí sola como secreto empresarial (párrafo 95). No obstante lo anterior, debe ser desarrollado con suficiente detalle el motivo por el cual debe ser considerado como información ambiental; en el caso de la identificación de terceros, puede requerir su autorización para la divulgación de la información.
Importar no exime de responder
Ante cuestionamientos destinados a indagar sobre el origen de un producto como la carne de res, la Corte ha concluido que es deber de la empresa responder de fondo a la solicitud de información, aun cuando su cadena de suministro no se encuentre en el país. (párrafo 104, pregunta 7).
El transporte y la logística cuentan
La Corte señaló que comercializar incluye «factores logísticos como el transporte de la carne» y que la huella de carbono de importarla y llevarla a los puntos de venta «podría tener un impacto ambiental». Eso justifica una respuesta de fondo (párrafo 105, pregunta 10).
Decir que ese no es su negocio no es responder
Una empresa alegó que no comercializa productos cárnicos, sino comidas preparadas, y otra que su negocio «no se centra» en la venta de carnes. Para la Corte, vender «alimentos preparados que incorporan carne de res como insumo principal» no le quita pertinencia a la pregunta, y contestar así es desviar su objeto (párrafos 104 a 107).
El estándar de respuesta
La respuesta debe ser «congruente, consecuente y completa». Una respuesta general, o que contesta otra cosa, vulnera el derecho. Una negativa «directa y concreta» lo satisface: el derecho de petición garantiza una respuesta de fondo, no una respuesta favorable (párrafos 105 a 107).
La justificación tardía no cuenta
La Corte omitió analizar los volúmenes de venta porque las peticiones en un principio no explicaban su relación con el ambiente. El argumento de la huella de carbono llegó cuando el caso ya estaba en revisión, y exigir una respuesta con base en él habría afectado el derecho de defensa de las empresas (párrafos 93 y 94).
Lo que la Corte dijo en sus consideraciones
Estas afirmaciones hacen parte del razonamiento, pero la Corte no resolvió el caso con ellas.
Los animales como seres sintientes
La Corte recordó que «los animales hacen parte del medio ambiente», que son «seres sintientes» y que el deber de protegerlos está a cargo «del Estado, la sociedad y los particulares». De ahí concluyó que «un particular se encuentra en la obligación de garantizar el derecho fundamental de petición cuando la solicitud tenga como propósito evitar el maltrato animal» (párrafo 58). Es un apoyo directo para las organizaciones de protección animal que quieran pedirles a las empresas información sobre el trato a los animales en sus cadenas de suministro.
La debida diligencia de las empresas
Citando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte señaló que «las empresas tienen el deber de adoptar medidas de debida diligencia frente al impacto ambiental de sus actividades» (párrafo 67).
Ganadería, deforestación y cambio climático
La Corte reiteró su jurisprudencia relativa al reconocimiento del carácter de interés público de la información relacionada con procesos como la crianza de ganado y sus potenciales vínculos con la deforestación (párrafos 63 a 66). El acceso a esta información les permite a las personas evaluar si su consumo contribuye al problema (párrafo 26).
El Acuerdo de Escazú
La Corte lo usó para interpretar la definición de información ambiental, las excepciones que rigen la negativa respecto a su acceso (párrafo 71) y el deber de proteger a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales (párrafo 70). Pero precisó, siguiendo la Sentencia C-359 de 2024, que su aplicación directa hacia el acceso a la información de empresas privadas necesita ser desarrollada.
El artículo 74 de la Ley 99 de 1993
La Corte recordó que «toda persona natural o jurídica tiene derecho a formular directamente petición de información» sobre los elementos que puedan perjudicar el medio ambiente (párrafo 59).
¿Qué es nuevo y qué ya estaba dicho?
Lo que ya estaba dicho
La Sentencia T-534 de 2024 ya había dicho que la información sobre la trazabilidad de la carne de res es de interés público, que el secreto empresarial exige tres requisitos y que una negativa no puede ser genérica.
Tampoco es nuevo que los animales sean seres sintientes y hagan parte del ambiente: la Corte lo toma de la Sentencia C-032 de 2019, y la Ley 1774 de 2016 ya los reconoce así.
Lo que es nuevo
Es la primera vez que la Corte:
- Reconoce la legitimación de una organización ambiental, y no de un periodista, para exigir esta información.
- Aclara que ser periodista solo incide en la prioridad del trámite, no en el carácter público de la información (párrafo 66).
- Extiende la regla a empresas que no producen el bien y solo lo usan como insumo.
- Formula la regla general del párrafo 103 y el examen en tres pasos.
- Se pronuncia sobre el impacto de factores logísticos, como el transporte a diferentes puntos de acopio o venta, como impactos en la huella de carbono de una empresa que, ante escenarios como la importación de carne, puede estar sujeta a solicitudes de acceso a la información.
- Advierte que una petición tendiente a materializar el acceso a información ambiental debe tener en cuenta: i) la calidad del sujeto al que se dirige la información, ii) la naturaleza de la información solicitada (¿por qué es ambiental la información solicitada?) y iii) los límites dados por el hábeas data.
- Conecta los temas de maltrato animal con lo ambiental y salvaguarda el derecho de acceso a la información hacia las empresas en torno a sus cadenas de producción.
Resumen para citar
La tabla reúne las reglas, el párrafo donde aparecen, si son nuevas o reiteradas, y para qué sirven.
| Regla | Párrafos | ¿Nuevo o reiterado? | Para qué sirve |
|---|---|---|---|
| Una organización ambiental está legitimada cuando la información se relaciona con su objeto | 21 y 22 | Nuevo | Presentar la petición y la tutela a nombre de la organización |
| Ser periodista únicamente da prioridad al trámite, pero no excluye a organizaciones ambientales y defensoras de derechos humanos. | 66 | Nuevo (precisa la T-534 de 2024) | Responder al argumento “usted no es periodista” |
| Así no sea su objeto comercial, la vinculación de la empresa con la información hace admisible la solicitud de información. | 29 a 32 | Nuevo | Pedir información sobre cadena de producción. |
| Toda solicitud de carácter ambiental demanda una respuesta de fondo, sea público o privado quien la recibe | 103 | Nuevo | Regla general para cualquier sector |
| La información es ambiental por su contenido y su relación con el ambiente | 69 y 82 | Criterio nuevo; la definición viene de Escazú | Justificar que una pregunta es ambiental |
| El secreto empresarial exige tres requisitos | 74 | Reiterado (Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones) | Exigirle a la empresa que los demuestre |
| En principio, los volúmenes de venta y los nombres de los proveedores no son secretos empresariales para un sector como la producción de carne de res. | 91 y 95 | Reiterado (T-534 de 2024). Depende de un análisis por sector para su aplicación. | Rebatir la reserva comercial |
| Los datos que identifican a los proveedores requieren su autorización | 95 a 100 | Reiterado (Refleja la tradición en materia comercial) | Para un caso como la producción de carne de res, la Corte ha admitido una indagación hasta el nivel municipal; dependerá de un análisis por sector para su aplicación. |
| El origen de la carne y sus proporciones son susceptibles de ser solicitados a través de un derecho de petición. | 104 | Reiterado (T-534 de 2024) | Consultar a diferentes actores de la cadena de producción sobre la manera en que vigilan el origen de su producto. |
| Importar el producto no exime de responder. Es posible solicitar información sobre cadenas de producción internacionales con impacto en Colombia. | 102 y 105 | Nuevo | Preguntar por la manera en que la empresa vigila, traza o mide su impacto ambiental en escenarios de importación de productos. |
| El transporte, la logística y su huella de carbono pueden tener impacto ambiental | 105 | Nuevo | Incluir preguntas sobre emisiones |
| La especificación de por qué es ambiental la información solicitada debe de estar desde la radicación de la solicitud. | 93 y 94 | Nuevo | Explicar cada pregunta desde el comienzo |
| Un particular debe responder la petición que busca evitar el maltrato animal | 58 | Nuevo | Apoyar peticiones de protección animal |
| Las empresas tienen un deber de debida diligencia ambiental | 67 | Consideración, apoyada en la CIDH | Reforzar el argumento |
| El Acuerdo de Escazú orienta la interpretación | 69 a 72 | Reiterado (C-359 de 2024) | Citarlo como criterio de interpretación a la obligación. |
Lo que se puede argumentar a partir del fallo
Lo que sigue no lo dijo la Corte. Son lecturas que, a nuestro juicio, su razonamiento permite sostener, y que otro caso podría poner a prueba.
Cualquier persona puede pedirle información ambiental a una empresa
La regla del párrafo 103 se fija en la solicitud, no en quien la presenta. La Corte dijo que ser periodista no cambia el carácter público de la información (párrafo 66). La Corte, sin embargo, solo resolvió el caso de una organización cuyo objeto es ambiental.
La regla vale para cualquier cadena de valor
Si el interés público depende del impacto ambiental del producto, la misma lógica se puede aplicar a otros sectores como el cuero, la palma de aceite, el cacao, la madera, los textiles o los minerales. El elemento determinante sería la relación directa y necesaria de la empresa con la información ambiental.
El derecho a saber sigue al producto más allá de las fronteras
La Corte no habló de una responsabilidad supranacional de las empresas. Pero al exigir respuestas de fondo sobre la carne producida en el extranjero y comercializada en Colombia, aceptó que la pregunta acompaña al producto y su cadena de suministro hasta su origen, esté donde esté.
Quien participa en una cadena debe poder dar cuenta de ella
La Corte dijo expresamente que, aunque una empresa pueda no ocupar un eslabón dentro de una cadena de producción, suministro o comercialización, su relación directa y necesaria con la información la habilita para recibir peticiones que indaguen por información ambiental respecto de la cual tiene una posición privilegiada (párrafo 30). Lo anterior nos permite ver una oportunidad para seguir construyendo el deber de debida diligencia empresarial en nuestro país.
La huella de carbono es información ambiental
La Corte lo aceptó para el transporte y la importación. Si la justificación está en la petición desde el comienzo, hay buenas razones para sostener lo mismo sobre los volúmenes y sobre las emisiones de toda la cadena.
Lo que quedó abierto
- Los volúmenes de venta independientemente del sector productivo.
- Si una persona, sin una organización detrás, tiene la misma legitimación.
- Cómo se va a desarrollar el artículo 6.12 del Acuerdo de Escazú, que obliga al Estado a promover el acceso a la información ambiental en manos de privados. La Corte no exhortó al Ministerio de Ambiente porque el caso era una disputa entre particulares en la que el Ministerio no tuvo incidencia (párrafo 111).
- Qué alcance tiene la obligación de responder peticiones sobre maltrato animal por parte de particulares.
¿Cómo citar esta sentencia?
Estas fórmulas se pueden copiar en una petición o en una tutela.
Para sustentar la legitimación"En la Sentencia T-354 de 2026, la Corte Constitucional reconoció la legitimación de una organización para solicitar información que se relaciona directamente con asuntos ambientales (párrafo 22)".
Para sustentar que la empresa debe responder"Según la Sentencia T-354 de 2026, toda solicitud de información que pretenda la protección del ambiente sano o que tenga carácter ambiental puede hacerse exigible al destinatario, sin importar su naturaleza (párrafo 103)".
Frente al secreto empresarial"La Corte Constitucional precisó que la negativa debe fundarse en razones concretas y veraces (párrafo 60) y que el secreto empresarial exige los tres requisitos del artículo 260 de la Decisión 486 de 2000 (párrafo 74)".
Frente a “ese no es nuestro negocio” o “importamos el producto”"Que la empresa comercialice alimentos preparados que incorporan el producto como insumo principal, o que lo importe, no desvirtúa la pertinencia de la pregunta (Sentencia T-354 de 2026, párrafos 30, 102 y 105)".
Referencia completaCorte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-354 del 29 de octubre de 2026, M. P. Juan Carlos Cortés González, expedientes T-12.075.650 y T-12.104.901.
Guía práctica
Este es el paso a paso para pedirle información ambiental a una empresa privada, con lo que aprendimos en el camino. Esta es la versión resumida; puedes descargar la guía completa y el modelo de derecho de petición al final de la página.
Los seis pasos
Prepárate antes de escribir
- Identifica bien a la empresa: razón social exacta, NIT y correo de notificaciones judiciales. Todo aparece en el certificado de existencia y representación legal, que se consulta en el RUES.
- Si pides como organización, la petición la firma el representante legal y explica cómo la información se relaciona con su objeto social.
- Ten claro para qué quieres la información y revisa lo que la empresa ya publica.
Formula preguntas que un juez pueda exigir
- Justifica cada pregunta desde el comienzo. Es la lección más importante: una justificación nueva cuando el caso ya está en la Corte llega tarde (párrafos 93 y 94).
- Pregunta por territorios y proporciones, no por nombres, y no te limites a “Colombia” si la empresa importa.
- Pregunta también por el transporte y la logística, define bien el universo y el periodo, pide que digan si algo existe o no y que justifiquen cualquier reserva.
Envía la petición y lleva el registro
- El derecho de petición se sustenta en la Ley 1755 de 2015. Si te apoyas en el artículo 74 de la Ley 99 de 1993, ten presente que consagra la petición directa de información sobre elementos susceptibles de producir contaminación, con un plazo de respuesta de diez días hábiles (párrafo 59).
- Guarda la constancia de envío y anota el día en que vence el plazo: si llegas a la tutela, el juez va a pedir esas pruebas.
Evalúa la respuesta pregunta por pregunta
- No es de fondo si te remite a iniciativas generales, responde otra cosa, no dice si algo existe, te remite a un documento que no contiene la información, invoca una reserva sin norma o dice que ese no es su negocio.
- Remitir a un reporte público sí vale si ese reporte contesta la pregunta, y una negativa clara y concreta también: el derecho garantiza una respuesta de fondo, no necesariamente la que esperas.
Si no responden de fondo: la tutela
- Procede por la vulneración del derecho de petición (artículo 86 de la Constitución, Decreto 2591 de 1991). Se radica en la página de la rama judicial.
- Preséntala en un tiempo razonable: en nuestros casos fue alrededor de un mes y la Corte lo consideró oportuno. No es obligatorio tener abogado, pero recomendamos que te acompañe uno.
Después del fallo
- El juez tiene diez días para decidir, y la decisión se puede impugnar dentro de los tres días siguientes a su notificación.
- Si la empresa no cumple, se puede abrir un incidente de desacato (artículo 52 del Decreto 2591 de 1991). Todos los fallos de tutela llegan a la Corte, que escoge unos pocos para revisarlos.
Lista de chequeo
- Tengo la razón social, el NIT y el correo de notificaciones judiciales de la empresa.
- La petición la firma el representante legal en nombre de la organización.
- Explico cómo la información se relaciona con el objeto de la organización.
- Cada pregunta explica, desde el principio, por qué es ambiental.
- Aclaro que no pido datos que permitan identificar a terceros.
- Pregunto por Colombia y por los países desde los que la empresa importa.
- Si pregunto por volúmenes, transporte o huella de carbono, explico ahí mismo su relación con el ambiente.
- Cada pregunta define bien su universo y su periodo.
- Pido que la empresa indique expresamente si algo no existe.
- Pido que justifique cualquier reserva y entregue la parte no reservada.
- Cito la Ley 1755 de 2015 y la Sentencia T-354 de 2026.
- Guardé la constancia de envío y anoté el vencimiento del plazo.
- Revisé la respuesta pregunta por pregunta.
- Si no hubo respuesta de fondo, presenté la tutela en un tiempo razonable.
Descarga la guía completa y el modelo de petición
Sumemos casos
Si tu organización va a pedirle información ambiental a una empresa, si ya lo hizo o si quiere coordinar un próximo caso que resuelva lo que quedó abierto, escríbenos a daniel@shambala.life. También nos interesa conocer otras lecturas del fallo, sobre todo de quienes llevan más tiempo en el litigio ambiental.
Fuentes
- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-354 de 2026, M. P. Juan Carlos Cortés González.
- Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-534 de 2024.
- Constitución Política de Colombia, artículos 23, 79 y 86.
- Ley 1755 de 2015, por la cual se regula el derecho fundamental de petición.
- Ley 99 de 1993, artículo 74.
- Decreto 2591 de 1991, que reglamenta la acción de tutela.
- Ley 2273 de 2022, que aprueba el Acuerdo de Escazú.
- Corte Constitucional de Colombia. Sentencias C-951 de 2014, C-032 de 2019 y C-359 de 2024.
- Ley 1581 de 2012, sobre protección de datos personales.
- Ley 1712 de 2014, de transparencia y acceso a la información pública.
- Ley 1774 de 2016, sobre protección animal.
- Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, artículo 260.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2019). Empresas y derechos humanos: estándares interamericanos.
